Infraestructura carretera Concesionaria Cua

Análisis de riesgo social

A finales de 2017 y principios de 2018, Mónica Rovelo dirige los trabajos relativos al análisis del riesgo social de una carretera que recorrería 64 kilómetros conectando la ruta Amozoc-Puebla con la Puebla-Orizaba, lo que representaba una oportunidad de desarrollo para la región. No obstante, la zona se mostraba compleja al combinar ejidos, pequeña propiedad, actividades de pastoreo,  siembras, zonas semi industriales e industriales, escurrimientos de agua, entre otras variables;  además de entreverar los intereses de los gobiernos locales, sindicatos, campesinos, ejidatarios y pequeños propietarios.

El reto era mayor al considerar que se trataba de la segunda fase de un proyecto que ya había presentado conflictos con algunos actores de interés involucrados durante la primera etapa. Asimismo, esta segunda fase representaba una complejidad mayor al involucrar a 30 localidades distribuidas en 12 municipios del estado de Puebla.

Se llevó a cabo un intenso trabajo de campo que abordó la afectación de tierras ejidales de uso común, la percepción respecto de pagos pendientes por el derecho de vía, cercanía de las localidades al trazo de la autopista, afectación a caminos, construcciones cercanas al trazo, población, economía, apego al territorio, cohesión social, percepción del proyecto y la relación con respecto al trazo de la autopista.

  • La Cocesionaria Cua contó con una matriz de riesgos referenciada geográficamente y con sus respectivas medidas de prevención, mitigación, compensación y remediación que le permitiría seguir adelante con la segunda etapa del proyecto.
  • Las comunidades agropecuarias no verían afectadas sus actividades cotidianas al considerar algunas obras sencillas para evitar la irrupción del pastoreo o del flujo de escorrentías de agua.
  • Se elaboró una matriz de riesgos residuales para resarcir los conflictos que provenían de la primera etapa de la obra con la finalidad de limpiar el camino para proseguir con la segunda etapa.
  • Se beneficia a las 30 comunidades involucradas al proponer acciones que eviten impactos negativos y potencien los impactos positivos.
Puebla y Tlaxcala, México